La presión ciudadana echa abajo la construcción de un lujosísimo complejo turístico en el Parque Nacional Tayrona, en la región caribeña de Colombia, evidenciando que los vínculos entre la clase política y los grandes inversionistas privados pocas veces traen beneficios para las mayorías.
Sabemos de sobra que la voracidad empresarial pocas veces ha mostrado mesura o respeto por algo que no sea el dinero o las ganancias obtenidas de sus negocios. En el caso de la industria turística son numerosos los ejemplos, en todo el mundo, de empresarios que invaden sin miramientos zonas de altísimo valor natural con tal de instalar en esos límites un lujoso complejo recreativo, casi siempre con la anuencia de las autoridades en turno y en perjuicio de los pobladores nativos y de la fauna y la flora del lugar.
En esta ocasión la zona en riesgo se encuentra en el norte de Colombia, en una reserva conocida como Tayrona, parque nacional y hogar también de la etnia Kogüi, donde un par de firmas trasnacionales, Mickmash y Six Senses, planeaban “desarrollar un proyecto hotelero ecoturístico de alto nivel”, según reporta el diario colombiano El Espectador, cuya edificación principal sería un hotel de siete estrellas, un “símbolo de prosperidad” a decir del presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Aliados con políticos locales y algunas familias con notable influencia en las altas esferas del gobierno colombiano, los inversionistas habían decidido situar su complejo en el parque Tayrona, entre los sectores de Cañaveral y Arrecifes, en el departamento de Magdalena. Además del capital de Mickmash y Six Senses y el del grupo colombiano Daabon de la familia Dávila Abondano, en el negocio estaban involucrados también Carlos Castaño Uribe, antiguo director de Parques Nacionales y actual viceministro del Medio Ambiente, el ex vicepresidente Francisco Santos y el empresario Felipe Santos Calderón (estos últimos primo y hermano del presidente, respectivamente). Como se ve, una fuerte apuesta de capital privado con un apoyo no menos animoso por parte de importantes funcionarios del sector público. Sin embargo, podríamos preguntarnos qué tanto de ese ímpetu obedeció más a razones personales que al beneficio colectivo.
Y quizá para responder a esta pregunta bastaría con traer a colación un documento oficial en que el Ministerio del Interior certificó, para facilitar la construcción del hotel, que en la zona no vivía ninguna etnia indígena, desapareciendo de un plumazo a los kogüi, población originaria residente en la Sierra Nevada de Santa Marta con la que el presidente Santos convivió el día de su toma de posesión y a quien además los indígenas reconocieron con el título de “Mamo” (la máxima autoridad entre los kogüi) y un bastón “como símbolo del equilibrio universal”, rituales que de nada sirvieron al momento de aprobar su virtual supresión en aras del negocio que otros traían entre manos.
Por fortuna, la decisión de construir el susodicho hotel en Tayrona se canceló el pasado 25 de octubre por orden misma de Juan Manuel Santos, aunque no por las razones que muchos creeríamos. Si bien este triunfo podría adjudicársele a la presión ejercida por los simpatizantes de la causa Tayrona (muchos agrupados en el movimiento ciudadano Tayrona Libre), el gobierno colombiano prefirió difundir la versión de que el proyecto ya no se ejecutaría debido a los vínculos entre los inversionistas y la familia del presidente. Según parece, los motivos de conservación ecológica y cultural fueron los menos importantes al decidir, desde el gobierno, dar marcha atrás al proyecto.
Aunque algunos se muestra escépticos ante este triunfo, no podemos soslayar el mérito de la organización social que con voluntad y objetivos claros pudo frenar el aparentemente poderoso contubernio de los grandes inversionistas y el gobierno que solo en discursos de ocasión, pero no en sus acciones decisivas, está comprometido con la búsqueda del bienestar común.
Con información de El Espectador y El Heraldo.
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